22-01-18.-
El Vicerrectorado Administrativo está tramitando ante la Opsu y el Ministerio de Educación Universitaria, el cumplimiento de la uniformidad e implementos de seguridad del personal académico, administrativo y obrero, la extensión de los beneficios contemplados en la Convención Colectiva Única a los trabajadores contratados a través de las cooperativas y empresas privadas, y la ayuda alimentaria, mediante comedores, para toda la comunidad universitaria.
Mariella Azzato, vicerrectora administrativa encargada, explicó que fueron entregadas en la dirección de la Opsu y en la Dirección General de Planificación y Presupuesto del MEU, las comunicaciones donde se detalla toda la información acerca de los aspectos mencionados.
En lo que se refiere a la uniformidad e implementos de seguridad, cuya deuda corresponde a 2017 y lo que va de 2018, la comunicación expone que en diciembre del año pasado la USB consignó la información sobre las tallas del personal beneficiario de este concepto y demás requerimientos solicitados, toda vez que, según información de los sindicatos administrativo y obrero de la USB, sería directamente a través de la Opsu que se entregaría la dotación de este beneficio.
En cuanto a la precarización y la exclusión de los trabajadores contratados de las cooperativas y empresas privadas de los beneficios aprobados en la CCU, el Vicerrectorado Administrativo solicitó información sobre el alcance de las conversaciones que han sostenido entre las partes, a fin de dar respuesta satisfactoria a los trabajadores.
Por otra parte, explica la misiva, vista la grave situación que se vive en el país, la USB solicita ayuda en materia alimenticia, de manera que se haga extensivo el servicio de comedor a toda la población universitaria: personal académico, administrativo y obrero.
La decisión sobre todos estos requerimientos depende exclusivamente del Ministerio, dijo Azzato; la USB está de manos atadas al no poder decidir acerca de ninguno de estos temas, y hace lo que está a su alcance para cumplir y entregar la información que requieren los organismos del Estado para atender las solicitudes de los trabajadores.
