25-02-19.-
Más de 25 profesionales y activistas con experiencia de trabajo en favor del ambiente venezolano y de los derechos humanos ambientales se han conformado como grupo independiente para apoyar la redacción del Plan País para la transición hacia la democracia presentado al país recientemente, en el marco del movimiento iniciado en enero de este año, por parte de la Asamblea Nacional.
Este grupo de especialistas actúa de manera voluntaria para asumir el compromiso de ayudar a que el Plan País cuente con suficientes insumos para lograr lo que propone: el rescate, recuperación y transformación social, económica y política de Venezuela en el marco de un desarrollo sostenible y los objetivos de la Agenda establecida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Loraine Giraud Herrera, profesora del Departamento de Planificación Urbana de la USB, miembro del Grupo de Investigación Vida Urbana y Ambiente y parte del grupo de activistas, informó que para alcanzar el propósito del Plan País se considera necesario incorporar de manera precisa la formulación de políticas y planificaciones tendientes a la construcción de un país sustentable y ambientalmente responsable.
“Urge comenzar a enfrentar conflictos y deudas que se han acumulado durante dos décadas de anomia y desinstitucionalización en lo ambiental que inciden directa o indirectamente sobre los Derechos Humanos de la población, como por ejemplo, la crisis social y ambiental generada por las operaciones de minería en la Guayana venezolana, las crisis del servicio de agua potable, electricidad y el manejo integral de los desechos sólidos, entre muchas otras, todas las cuales tienen un origen en el manejo irresponsable y muchas veces criminal de los ecosistemas y recursos naturales del país”.
Giraud comentó que para comenzar el trabajo el grupo de ciudadanos redactó el documento titulado Plan País: por una Venezuela sustentable y ambientalmente responsable, en el que se define como elementos fundamentales el restablecimiento de la institucionalidad ambiental de Venezuela, la recuperación de la capacidad del Estado para garantizar el acceso a los servicios públicos ambientales (agua, desechos sólidos, etc.), la orientación del proceso de transición dentro de los principios del desarrollo sostenible y el marco constitucional y legal de Venezuela, así como la reversión de los procesos económicos que promueven la minería de depredación y el saqueo de los recursos naturales, entre otras propuestas.
